La historia de cómo el Callao me sacó del club de los buenos conductores
Durante mas de una década conduje por Lima como si llevara en el bolsillo un carnet invisible que me identificaba como parte del exclusivo club de los buenos conductores. Ninguna multa, ninguna infracción, apenas un par de intervenciones por los vidrios polarizados del auto. Una vez en Ancon, saliendo de Lima rumbo al norte, otra en la Av. Bolivia, cerca al Poder Judicial. Fuera de eso, limpio como el cielo de Enero en la costa limeña. Pero todo cambió cuando decidí mudarme al Callao.
Dos meses después de cambiar mi dirección postal, llegó la primera notificación. Digital. Silenciosa. Fría. Un correo con una imagen nítida: “Kevin” —mi auto, bautizado años atrás por Luciana, mi hija, cuando todavía creía que los autos eran amigos de aventuras como en las películas de dibujos animados, y quizá porque encontró divertido que yo sea “Gru”— había osado rozar una línea separadora de carriles en plena Av. Faucett.
No hubo policía. No hubo sirena. No hubo oportunidad de explicar. Ni un pito. Solo una cámara colocada estratégicamente encima de un poste, como un cazador al acecho de la presa. La imagen fue suficiente. La evidencia incuestionable. El castigo inminente.
Aquella fue la primera. Hoy, mientras escribo estas líneas, acabo de pagar la docena (en solo 4 años). Doce papeletas, doce episodios de una comedia de enredos sin risas ni aplausos. La última, por invadir —dicen ellos— una cebra peatonal imaginaria que no estaba marcada con pintura visible ni señal alguna. A diferencia del policía humano que puede aplicar criterio, escuchar razones o incluso advertirte con un gesto antes de sancionar, la cámara no pestañea ni reflexiona. No educa. Solo castiga.
¿Y apelar? Vamos, todos sabemos cómo funciona nuestro sistema: la impugnación de una papeleta electrónica puede tardar meses, probablemente más de lo que toma juntar el dinero para pagar la sanción con el supuesto “descuento por pronto pago”. Por eso, uno termina rindiéndose a la lógica del menor desgaste. Mejor pagar y seguir manejando con paranoia.
¿Dónde quedó el fin pedagógico de la sanción?
Lo preocupante no es la multa en sí, sino la lógica inflexible y automatizada que la respalda. En un país como el Perú —con un déficit histórico en educación vial— la sanción debe ir de la mano con la instrucción. Sin advertencia, sin criterio, sin posibilidad de réplica, lo que queda es una experiencia punitiva que no enseña, solo frustra.
Desde el punto de vista jurídico, la Ley N.º 27181 – Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre – establece que la función de las sanciones administrativas no es solo reprimir, sino prevenir, corregir y educar. Además, el artículo 230 del Reglamento Nacional de Tránsito permite la interposición de recursos de apelación y reconsideración, pero en la práctica esto representa un laberinto procesal que desincentiva su uso.
Cuando la vigilancia se vuelve invisible pero implacable, se diluye el carácter humano de la autoridad. El tránsito deja de ser una convivencia regulada y se convierte en una emboscada permanente. Las cámaras, en lugar de ser herramientas para mejorar el tráfico, se convierten en máquinas de recaudación.
Uno se pregunta entonces: ¿sirven para educar o solo para sancionar?
Hoy, Kevin y yo seguimos rodando por las calles chalacas, con los ojos más abiertos que nunca. Y aunque respeto las normas como siempre, confieso que a veces —entre semáforo y semáforo— siento que no manejo solo. Me acompaña un ojo digital, omnipresente, que nunca parpadea… y que nunca perdona.
Gracias por leerme. La escritura también es una forma de compañía.
Carlos Ebert Gestro
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